El pasado miércoles 20 de marzo tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales la segunda jornada del seminario “Diálogos sobre política de competencia y mejora de la regulación económica”. El conferencista invitado fue Amadeo Petitbò Juan, ex vocal y Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y actual Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.

En su conferencia “La política de competencia como ámbito profesional”, Petitbò Juan hizo especial hincapié en la importancia del análisis económico en el estudio y defensa de la competencia, campo donde, a su juicio, ha cedido espacio al análisis jurídico. Tras su intervención, la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla tuvo la oportunidad de hacerle algunas preguntas que hemos considerado de interés para futuros estudiantes de la Cátedra:

P. En el seminario ha comentado la preocupación general, tanto en política como muchas veces también en economía, por las cuestiones macroeconómicas, olvidándose la importancia de la microeconomía en la toma de decisiones. ¿Cómo podría acercarse la discusión microeconómica, especialmente, en el caso de la regulación de la competencia para que este tipo de decisiones estén mejor fundamentadas?

R: Con mucha paciencia, por parte de quienes plantean el asunto, porque verán que no les hacen demasiado caso. Pero tienen que insistir. Y con una reacción positiva por parte de las autoridades de defensa de la competencia para fomentar, en beneficio del análisis bien hecho, este tipo de discusión. Si la reacción es siempre negativa ante cualquier análisis económico, se va a desincentivar este análisis. ¿Por qué? Porque los interesados dirán: “¿para qué vamos a hacer análisis económico si lo desestiman sistemáticamente?”. Hacen daño, si no entran en el debate económico, hacen daño a los operadores económicos y al conjunto de la sociedad.

Hemos de forzar la máquina para que el análisis económico sea el complemento pertinente del análisis jurídico. Hoy, en mi intervención, he intentado poner de manifiesto que allí dónde no llega el análisis jurídico -porque tiene sus limitaciones-, la indeterminación, la duda que no solventa, muchas veces se resuelve con el análisis económico. Este análisis no es de gran precisión, pero tampoco lo es el análisis científico. Se trabaja con datos, a veces insuficientes, se trabaja con variables proxy, con márgenes de error, pero hay más conocimiento después de este análisis imperfecto que antes de él.

Además, el análisis se perfecciona con más análisis, no con menos, y por esto yo hago responsable a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de no fomentar el análisis económico. Tienen una gran responsabilidad, sobre todo el presidente [se refiere a José María Marín Quemada], que es catedrático de economía, y que debería ser el primer interesado. De hecho, en la comunidad en que más análisis económico se hace es en la andaluza, porque han hecho bien las cosas y han buscado a personas que supieran, personas que les interesara la competencia, y les interesara hacer bien las cosas.

P. Usted ha planteado que es necesario llevar el debate a la toma de decisiones sobre regulación de competencia, pues no siempre los acuerdos entre empresas son negativos para la eficiencia del mercado y el bienestar de la sociedad. ¿Cuál sería una agenda, imaginándonos una posible capacidad e incidencia, para elevar a la autoridad nacional este tipo de asuntos?

R: El problema está en las autoridades, algunas funcionan, como la andaluza, la catalana, que en ocasiones ha funcionado muy bien, y otras autoridades, yo diría, que no funcionan tan bien. Pero la autoridad tiene la llave, porque es la que en última instancia decide si en la instrucción hay análisis o no hay análisis. La Unión Europea es responsable también, porque la aplicación de las conductas prohibidas [por objeto] per sé cortan la posibilidad de ver si un determinado acuerdo es competitivo o no. Es decir, un acuerdo entre empresas puede tener dos objetivos: uno es controlar mejor el mercado, y otro es ganar eficiencia. Y lo que hay que ver es si el objetivo real es uno, es otro o son ambos simultáneamente. En caso de que sean ambos, hay que ver si prima la parte relacionada con la eficiencia o la parte que provoca restricción de la competencia. Eso desde el punto de vista del trabajo de un economista es apasionante porque llegas a entender cómo funciona realmente un mercado, y muchas veces lo entiendes mejor que el empresario que no ha hecho este tipo de análisis.

P. Su conferencia se titula: “La política de competencia como ámbito profesional”, y usted empezó planteando la idea de la necesidad de integrar el conocimiento jurídico y el económico. Y ha expresado con una fuerte crítica qué es lo que necesitan saber los juristas de economía. Invirtiendo ahora la pregunta, ¿qué es lo que debe saber entonces un economista de lo jurídico para que pueda también participar con ventaja en este ámbito?

R: Un economista debe saber un poco de Derecho Procesal, Derecho Administrativo, y luego principios generales del Derecho. ¿Qué problema tenemos? Lo tenemos en dos sentidos: uno, que el derecho que se estudia en las facultades de ciencias económicas no va orientado a este sentido. A mí me gustaría ver qué explican tanto de Derecho Mercantil como de Derecho Administrativo. En las facultades de derecho, los economistas deberíamos explicarles, además de la macroeconomía, microeconomía orientada al análisis de los mercados, al análisis de competencia. Cuando a un estudiante le explicas por qué hay un derecho que prohíbe el abuso de posición de dominio, empieza a sentir interés por el asunto. Yo adopté un análisis real, además del teórico, que podemos ver un libro como Introducción a la Economía del economista norteamericano N. Gregory Mankiw, que explica de manera bastante sencilla y simplificada. Lo que debe entender un estudiante de Derecho son los conceptos de coste marginal y coste de oportunidad, porque los economistas razonamos en términos económicos y no en términos contables. Esto es fundamental y no es fácil, pero una vez entiendes esto, el cerebro ya reacciona automáticamente. Pero, antes le debes mostrar que esto tiene utilidad en sí y utilidad para su profesión.

P. En la ronda de preguntas que se ha hecho al finalizar el debate, usted ha señalado que la regulación europea es excesiva, y que esto no favorece a las empresas que están intentando ser suficientemente competitivas con miras a enfrentarse a grandes empresas americanas, chinas, indias, y de otros países. En cambio, comentaba que en Gran Bretaña la interpretación que se está haciendo de la legislación es mucho más positiva y eficiente que la europea, ¿cree usted que la Unión Europea cambiará su análisis haciéndolo más parecido al británico?

R: No. No hay nada que indique que vayan a cambiar sus criterios restrictivos. Se preocupan más por la competencia que por la eficiencia. Personalmente, creo y pienso que el Derecho de la Competencia tiene que ser un derecho incentivador de la eficiencia. Que no persiga tanto como que mantenga las reglas de juego. Que tenga que dedicarse mucho más a eliminar barreras de entrada. Es decir, a generar espacios competitivos donde los costes sean los más bajos posibles. Pero, esto les preocupa mucho menos. Les provoca mucho más placer sancionar, porque es lo que exhiben, y no presumen de las ganancias en eficiencia que producen. Como  solo se fijan en las sanciones, eso también les convierte en órganos ineficientes. No veo ninguna traza de cambio. Si hubiera un vuelco político a favor de los liberales, la cosa podría cambiar. Lo positivo es crear las condiciones, y dedicarle todo el tiempo, para que los mercados sean competitivos. La sanción muchas veces no llega a ser ni siquiera disuasoria.