El Curso de Especialización en Política de Competencia y Regulación Económica entró en su recta final este lunes 28 de octubre, con la presentación de las temáticas sobre aplicación privada de la Política de Competencia y los informes de proyectos normativos del Consejo de Defensa de Política de la Competencia de Andalucía (CDCA), como mecanismos de promoción de la regulación económica y la unidad de mercado en el ámbito público.

La sesión estuvo a cargo de los profesores Juan Delgado Urdanibia y Luis Palma Martos, quienes presentaron durante cuatro horas sus experiencias en los sectores privado y público. Delgado Urdanibia es el actual director de la consultora Global Economics Group con sede en Madrid, y Palma Martos es, además de co-director de la Cátedra de Política de Competencia de la Universidad de Sevilla (CPC), vocal de dicho Consejo.

Delgado Urdanibia orientó su exposición a explicar un compendio de acciones, a la manera de protocolo de actuaciones técnicas, que permiten dar tratamiento a las reclamaciones de daños. Destacó la importancia que la fundamentación legal requerida tiene en el reclamo de daños antimonopolio. El reconocimiento de daños es vital para asegurar que no haya enriquecimiento injusto de los agentes en los mercados, y en particular, para desincentivar a cualquier persona que considere violar las leyes de competencia y unidad de mercado.

En el caso de la UE, Delgado Urdanibia se refirió a la Directiva 2014/104, que promueve el principio de compensación justa, la reclamación de cualquier damnificado (sean compradores directos e indirectos, y competidores), y establece un procedimiento homogéneo a lo largo de la UE, así como un conjunto de acciones y decisiones administrativas.

Según el consultor, las actuaciones en el campo privado merecen un dedicado juicio de experticia para asegurar que los reportes de evaluación de daños sean eficientes. “Sin duda se requieren buenos datos e información, pero más importante es contar con un buen guion que sustente la decisión de la competencia, basado en el criterio de autoridad y en una buena teoría del daño”, explicó. “Para esto se requiere una buena fotografía de cómo funciona el mercado y poder identificar las variables relevantes que determinan la demanda y los precios”, sostuvo Delgado Urdanibia.

Por su parte, la presentación de Palma Martos se dirigió a mostrar la experiencia en el campo de la regulación y la promoción de la competencia de la ADCA en el sector cultural. Para el co-director de la CPC, se requería evaluar el grado de seguimiento, por parte de los centros directivos en el área de política cultural de la Junta de Andalucía, de las recomendaciones en los informes sobre proyectos normativos aprobados por el Consejo de Defensa de la Competencia (CDC) de la ADCA. “Estas recomendaciones son recogidas en forma de dictamen”, explicó Palma Martos, quien añadió que “permiten observar la incidencia que ha tenido la normativa en el ámbito de la mejora de la regulación en el sector cultural”.

Las normas que señaló Palma Martos son el Decreto-ley 5/2014 de 22 de abril, que contempla medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y la Resolución de 19 de abril de 2016 de la ADCA, que establece criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, la unidad de mercado y las actividades económicas.

El análisis presentado por Palma Martos muestra que en regulación cultural, en el periodo 2016-2019 se presenta una elevada concentración de proyectos normativos y de informes en los sectores audiovisual, patrimonio y artes escénicas.

El mayor compromiso con el seguimiento de las recomendaciones emanadas de los informes normativos de la ADCA se logró en la Ley de Artes Escénicas, donde se acogió la totalidad de las recomendaciones. También se destacó la Ley del Cine de Andalucía, con tres de cuatro recomendaciones adoptadas, y en la Ley de Audiovisual de Andalucía, en la que se acogió la mitad de las recomendaciones señaladas por el CDCA. La penúltima jornada del Curso se realizará el martes 29 de octubre. En esta jornada se finalizará la presentación de los informes normativos como herramienta de promoción de la regulación económica y unidad de mercado en Andalucía.