El Curso en Política de Competencia y Mejora de la Regulación Económica continuó el martes 8 de octubre con las intervenciones de los funcionarios de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), Alfonso Gómez Escobar y María Ángeles Gómez Barea, quienes analizaron los campos temáticos de la política de defensa de la competencia y la  mejora de la regulación económica y unidad de mercado.

En el caso de Gómez Escobar, su intervención se orientó a presentar el procedimiento administrativo de dicha política, y a ofrecer una visión general del procedimiento sancionador en materia de competencia, con especial énfasis en la fase de instrucción. El funcionario de la ADCA expuso las distintas fases de los procedimientos sancionadores más representativos, las cuestiones generales de los procedimientos e inspecciones, así como otras formas de terminación y del programa de clemencia. Igualmente, introdujo lo relativo a las novedades de la ECN+, una directiva de la UE que pretende reforzar la aplicación del derecho de la competencia en los Estados miembros.

López Escobar, quien se desempeña como director del Departamento de Investigaciones de la ADCA, cerró con la presentación de varios casos de intervención de la autoridad de defensa de la competencia de Andalucía, mediante la cual se impusieron sanciones por casi 400 millones de euros a empresas de los sectores de papel, fabricantes de pañales para adultos, de gestión de residuos y saneamiento urbano, entre otras empresas, que adoptaron prácticas anti competitivas como carteles para falsear la competencia.

Por su parte, Gómez Barea ofreció una visión general de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) y de los mecanismos protección de operadores económicos. Aunque esta ley se orienta a adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes en el territorio español, la también secretaria general de la ADCA subrayó la necesidad de mejorar su aplicación.

En particular, destacó la recomendación de la OCDE para reducir las diferencias regulatorias entre regiones españolas y las normas que afectan al tamaño de las empresas. “La OCDE está muy interesada en avanzar en la implementación de la LGUM de forma transparente, y ello requiere estrechar la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar su coherencia e implementación”, señaló. En 2014, la ADCA sumó a su función tradicional de defensa de la competencia la política de mejora de la regulación. El Curso es organizado por la Cátedra de Política de Competencia y la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), y se orienta a la formación de estudiantes de grado, máster y doctorado de la Universidad de Sevilla, a egresados y funcionarios públicos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA).